COMUNICADO DE PRENSA
Las comunidades y organizaciones ciudadanas que integramos
la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, expresamos lo siguiente:

Denunciamos anomalías en el Parlamento, vinculadas al problema de la minería de oro y plata.

El pasado miércoles 2 de abril se suscitaron varias irregularidades en la Comisión Ad-Hoc de Minería, las cuales evidencian cómo los intereses de las empresas mineras y las malas prácticas de los diputados del PCN se imponen a los debidos procesos legislativos, atropellan la institucionalidad y ponen en grave riesgo nuestra débil democracia. A continuación, exponemos tres de las irregularidades.

1. La reunión de la referida comisión parlamentaria fue convocada por su presidente Roberto Angulo, diputado del PCN. Esto es ilegal porque, según el artículo 48 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, las convocatorias las realiza el presidente de la Junta Directiva, en la sesión plenaria correspondiente. El artículo 41 del mismo reglamento establece las atribuciones de los presidentes de las comisiones, y ninguna se refiere a efectuar convocatorias. Angulo ejerció una función que no le compete. Esa reunión es ilegal, por tanto, debe ser declarada nula.

2. En la notificación oficial de esa convocatoria ilegal, el presidente de la Comisión expresó que el propósito de la sesión era “escuchar los planteamientos sobre la conveniencia o no de la explotación de recursos mineros” de “un grupo de expertos internacionales en el tema de la minería”, a quienes había que escuchar en ese momento porque saldrían del país en el transcurso del siguiente fin de semana. Pero los “expertos internacionales” resultaron ser Rodrigo Chávez (hijo de Fidel Chávez Mena y abogado de Pacific Rim), Ericka Colindres (graduada en la UCA y empleada de Pacific Rim), Luis Trejo (ex-funcionario del MARN y activista de Pacific Rim) y otros empleados de Pacific Rim y de Minerales Morazán, una compañía “prestanombre” de Pacific Rim. Angulo mintió, por tanto, debe ser enjuiciado.

3. Los voceros de las empresas mineras presionaron a la Asamblea Legislativa: “Desde abril de 2007, en una reunión con los ministerios de Medio Ambiente y de Economía, se nos informó que no se darían permisos ambientales para la explotación”… “(por eso) nos abocamos a ustedes –los diputados de la Comisión– para que la situación mejore”, sentenció el representante de Minerales Morazán. Luego amenazó a la administración del presidente Elías Saca: “El Ejecutivo ha tomado decisiones que nos afectan”… “Los inversionistas de esta industria no tienen la paciencia política para soportar esta incertidumbre…”. Esto debería ser un escándalo que tuviera en “la cuerda floja” a las mineras y a sus promotores en el Parlamento, especialmente a los legisladores del PCN. Las empresas mineras deben ser declaradas “no gratas” y los parlamentarios –principalmente Angulo– investigados por el Tribunal de Ética Gubernamental para determinar qué intereses les llevan a permitir estos atropellos a la institucionalidad nacional, perpetrados por los representantes de las compañías extractivas.

Advertimos sobre la disposición de diputados del PCN y ARENA a aprobar “ley de Pacific Rim” Después de la presentación de los voceros de las mineras, algunos diputados corrieron a declarar a la prensa que “todas sus dudas sobre la minería habían sido aclaradas”. Orlando Arévalo, del PCN, es el diputado que mostró mayor disposición a dictaminar favorablemente a la propuesta de nueva ley minera elaborada por Pacific Rim. Y, a juzgar por las declaraciones de los diputados areneros Donato Vaquerano, Vicente Menjívar y Mario Marroquín –cuyos planteamientos a favor de la minería no difieren de los expresados por los pecenistas Angulo, Arévalo y Francisco Merino– la correlación en el seno de la Comisión avalaría la propuesta de ley en cuestión. Esta normativa tendría características aterradoras como las siguientes:

1. Quitaría al gobierno la decisión de permitir o no los proyectos mineros, y se la trasladaría a una “autoridad minera”, la cual estaría financiada e integrada mayoritariamente por directivos de las empresas extractivas. Según la legislación actual, esto es facultad exclusiva del Ministerio de Economía, con previa autorización del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2. Eliminaría los estudios de impacto ambiental y las consultas públicas como requisitos para la asignación de los permisos de explotación minera. Las actuales leyes de Medio Ambiente y de Minería, los exigen.

3. Las licencias de explotación serían obligatorias. En la Ley de Minería vigente no existen permisos de explotación automáticos, sino que –después de otorgadas la licencias de exploración– son los estudios de impacto ambiental, los que determinan si se autoriza o no la explotación.

4. Las empresas mineras podrían ceder a otras compañías sus licencias de exploración y explotación. Según La Constitución de la República y la actual Ley de Minería, sólo el Estado puede concesionar el subsuelo para buscar y extraer recursos minerales.

Pedimos al presidente Saca exhortar a los diputados de ARENA a rechazar la nueva ley minera
A los diputados del PCN no hay mucho que decirles: su compromiso con las empresas mineras es evidente y el pueblo los va a juzgar por eso. Pero los diputados de ARENA deberían apegarse a la opinión del Ejecutivo. En este caso, los ministerios de Economía y de Medio Ambiente han planteado la necesidad de realizar estudios estratégicos de impacto de la minería metálica en el país, antes de aprobar cualquier ley al respecto. Sin embargo los diputados Vaquerano, Menjívar y Marroquín insisten en apoyar la ley de Pacific Rim. Ante esto no queda más que solicitarle al presidente Saca hacer un llamado a los diputados de su partido. El sentido común, la ética y el deber patriótico deben prevalecer.